El informe documenta las exportaciones de armas españolas a Arabia Saudí y a EAU (los países que encabezan la Coalición que lleva a cabo una campaña aérea sobre Yemen), y pone de manifiesto el papel de España en la fabricación, exportación y el mantenimiento tanto del avión de combate Eurofighter Typhoon como del avión cisterna de reabastecimiento aéreo A330 MRTT. Airbus España fabrica partes del Eurofighter en Illescas (Toledo) y en Getafe (Madrid), que luego se suministran a BAE Systems en el Reino Unido y posteriormente se exportan a Arabia Saudí.
El importe de las exportaciones españolas de armas a Arabia Saudí y EAU desde 2015 hasta junio de 2021 superó los 1.600 millones de euros. En el mismo período, España autorizó 116 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí y 140 a EAU. Entre 2015 y junio de 2021, las autoridades españolas autorizaron licencias de exportación de partes y componentes del Eurofighter fabricado por Airbus por valor de 802.443,776 euros. Tanto Arabia Saudí como EAU recibieron varios A330 MRTT y Arabia Saudí recibió seis A330 MRTT de Airbus España. Las autoridades gubernamentales españolas autorizaron la exportación a Arabia Saudí del último de estos aviones, valorado en 400 millones de euros, en julio de 2015, cuando el conflicto en Yemen ya estaba muy avanzado. Los Emiratos Árabes Unidos también han recibido varios de estos aviones. Diferentes fuentes han confirmado el uso de los aviones cisterna A330 MRTT para el reabastecimiento aéreo de los Eurofighter Typhoon y de otros aviones de combate en Yemen en los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición encabezada por los saudíes y los emiratíes en Yemen. España también ha realizado importantes trabajos de mantenimiento de los A330 MRTT en su territorio, con la colaboración de la compañía aérea española Iberia.
Se calcula que casi 20.000 personas han muerto o resultado heridas en los más de 25.000 ataques aéreos de la Coalición desde 2015 y 2,5 millones de personas han sido desplazadas internamente, según la ONU y otras fuentes.
En julio de 2019, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español rechazó la solicitud realizada por el Centre Delàs para tener acceso a los detalles de las licencias de exportación de piezas del avión de combate Tornado, alegando que se trata de un asunto protegido al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
«El material militar español es esencial tanto para las aeronaves como para otra serie de bienes militares utilizados por la Coalición encabezada por los saudíes y emiratíes que ha cometido atrocidades en Yemen. Esto plantea serias dudas sobre la posible complicidad del gobierno español en la comisión de crímenes internacionales en Yemen», afirma Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional. «El gobierno español debe poner fin a estas transferencias de armas que violan el derecho internacional».
Según el Artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), ratificado por España en 2014, los Estados tienen prohibido autorizar cualquier transferencia de armas convencionales y municiones, partes y componentes relacionados cuando el Estado tiene conocimiento de que las armas cuya autorización sea objeto de estudio podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra, entre otras atrocidades. Tanto la legislación de la Unión Europea como la española tienen disposiciones similares que prohíben estas transferencias de armas.
Según las conclusiones del informe, parecería haber una base razonable para creer que las fuerzas de la coalición han cometido crímenes de guerra en Yemen y que tanto los representantes gubernamentales españoles como el personal con poder de toma de decisiones en Airbus Defense podrían haber contribuido a la comisión de estos crímenes de guerra o haber sido cómplices de esos crímenes.
«Airbus se está beneficiando del flujo continuo de licencias de armas otorgadas por el gobierno español para la Coalición, y debe rendir cuentas. Las empresas son responsables, en virtud de las normas internacionales, de evitar causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos que estén directamente relacionados con sus operaciones. Es vergonzoso que el gobierno español adopte la política del avestruz, siga concediendo licencias de exportación de armas a la coalición encabezada por los saudíes y los emiratíes, y se escude en la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista para negar incluso el acceso a datos concretos de estas exportaciones», declara Jordi Calvo Rufanges, portavoz del Centre Delàs de Estudios para la Paz.
La complicidad europea
«Los materiales militares de origen europeo constituyen una parte importante del material de que disponen las fuerzas aéreas de Arabia Saudí y EAU. Entre ellos, el material militar de cinco países europeos, a saber, el Reino Unido, Alemania, España, Francia e Italia, constituye la mayor parte de las armas entregadas desde Europa a Arabia Saudí, EAU y Egipto. Es hora de que tanto los actores corporativos como los gubernamentales revisen sus acciones de acuerdo con las normas del derecho penal internacional y que el fiscal de la CPI investigue su papel en las atrocidades cometidas en Yemen», afirma Christian Schliemann-Radbruch, codirector de Empresas y Derechos Humanos del ECCHR.
Las tres ONG piden al gobierno español que lleve a cabo una investigación independiente, con la participación de personas expertas de reconocido prestigio en el campo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sobre el uso de aeronaves de reabastecimiento A330 MRTT y aeronaves de combate Eurofighter Typhoon por parte de la coalición; la suspensión de licencias para las tareas de mantenimiento, formación y otros servicios asociados para las aeronaves de reabastecimiento A330 MRTT, y la suspensión de toda licencia de exportación de partes, piezas de recambio y componentes para el Eurofighter Typhoon.
Información general
Este informe es una continuación de la presentación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2019 de una Comunicación de 300 páginas con pruebas que la apoyan por parte del ECCHR, apoyada por cinco ONG, incluidas Amnistía Internacional y el Centre Delàs. Las ONG reiteran su llamamiento para que la CPI investigue la posible responsabilidad penal de altos cargos de empresas y gobiernos europeos por suministrar armas utilizadas por miembros de la coalición encabezada por Arabia Saudí y EAU en posibles crímenes de guerra en Yemen. Hasta la fecha, la Fiscalía de la CPI no ha adoptado una decisión sobre si investigar la posible complicidad de estas personas en 26 ataques aéreos concretos en los que hubo civiles víctimas de homicidio ilegítimo o lesiones y se destruyeron o dañaron escuelas, hospitales y otros bienes protegidos.
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