Además, ha solicitado al nuevo Ejecutivo que elimine todas las subvenciones a los combustibles fósiles y establezca medidas para asegurar la protección de la salud de los colectivos más vulnerables a las olas de calor.
En un comunicado de la organización recogido por Europa Press, la investigadora de AI Marta Mendiola ve «alarmantes» las declaraciones de responsables políticos que niegan la gravedad del problema o de quienes retrasan las medidas necesarias para afrontarlo.
«Es el momento de adoptar políticas ambiciosas desde el conjunto de las administraciones públicas para que España forme parte del giro de timón necesario a nivel global para revertir el desastre», señala Mendiola.
La entidad insta a incrementar la inversión en el sistema nacional de salud para asegurar que el 25 por ciento del gasto sanitario total se dedique a Atención Primaria, que tratan el 70 por ciento de las necesidades de salud de la población que se ven agravados por el cambio climático y la contaminación.
Amnistía Internacional recuerda que las altas temperaturas, las olas de calor y la contaminación ponen en grave riesgo la salud y la vida de miles de personas y subraya que el área mediterránea es la región que se está calentando a mayor velocidad; en concreto España en el año 2022 presentó un 1,6º C por encima de la media anual.
«El reciente récord de los 45,4ºC en Figueres (máxima temperatura registrada nunca en Cataluña) o el incremento de la capacidad destructora de los incendios en el Mediterráneo nos tiene que servir de aviso de la gravedad de la situación. Los efectos del cambio climático ya están aquí, y debemos hacer todo lo posible para no continuar en este proceso de autodestrucción», ha afirmado Mendiola.
A este respecto, Amnistía Internacional destaca que aunque el aumento de las temperaturas afecta a toda la población, algunas personas afrontan muchos más riesgos frente este incremento. Además de las personas mayores, embarazadas o aquellas que realizan trabajos físicos al aire libre, la entidad subraya la indefensión de aquellas personas que viven en infraviviendas o que sufren pobreza energética.
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