En concreto, esta minoración de ingresos incluye las reducciones de rentas ya ofrecidas por Aena a los arrendatarios el 18 de enero de 2021 para el periodo comprendido desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.
Además, Aena ha aclarado que el tratamiento contable de este impacto y de su efecto sobre los ingresos comerciales reconocidos en cada ejercicio se encuentra pendiente de un análisis basado en la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que la compañía está llevando a cabo y someterá a la consideración de sus auditores.
Como consecuencia, Aena ha afirmado que está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá «todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía».
Exime la renta mínima en el primer estado de alarma
Concretamente, la enmienda modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).
A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedará reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.
En este sentido, Aena ha aclarado que esta modificación no afectará a su derecho a exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los diferentes locales.
Aena sostuvo ayer que la aprobación de la enmienda en el Congreso supondría una «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa».
Fuentes jurídicas de Aena afirmaron que «la enmienda priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado», el operador nacional, «que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español».
Asimismo, insistió en que «desde el primer momento» ha buscado acuerdos con sus inquilinos y les ha ofrecido rebajas por valor de 800 millones de euros, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.
