La Comisión del Turno de Oficio de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas denuncia, el mismo día que se celebra el Día de la Justicia gratuita, “la drástica disminución del servicio público” en este ámbito: “La ciudadanía ha sufrido los recortes en servicios públicos de todo tipo, producto de una política expresa de privatización, externalización y de la renuncia de la Administración estatal y autonómica a una gestión eficaz”, critica la plataforma.
Explican que esta situación ha sido aceptada por los órganos colegiales, que “se han limitado a aceptar y callar en un intento de salvaguardar unos servicios mínimos que hoy vemos son absolutamente insuficientes, lo que no permite afirmar que es un servicio público que se desvanece”. Según ALA, el turno de oficio y el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) no son sino colectivos que buscan nuevos rumbos para la defensa de los Derechos Humanos de las personas sin recursos.
Consideran que antes cubrían ambos departamentos han sido ocupados por “fundaciones, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, abogados pro bono, “clínicas jurídicas”, o simplemente por despachos low cost”. Denuncian que, en un contexto de recortes continuos, ningún pequeño despacho de abogados puede competir con tales entidades, “muchas de las cuales cuentan con todo tipo de presupuestos y subvenciones”. “¿Qué colectivo de profesionales puede sobrevivir con unos baremos de pago congelados desde el año 2003?”, preguntan.
“El Turno de Oficio de Madrid y el SOJ percibimos que la Administración estatal y la autonómica han impulsado un nuevo modelo de defensa, que no pasa por el servicio público, sino por una gestión privada, a la que denominan de ‘responsabilidad social’, modelo que veremos en las diferentes proposiciones de ley, y que reconocemos en la reforma de la Ley de Justicia Gratuita”, explica la asociación en un comunicado.
“Este modelo, lo hemos señalado en diferentes ocasiones, es una clara vulneración del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Administración, porque afecta la propia naturaleza de los servicios públicos de los ciudadanos”, denuncian.
Para el colectivo de letrados del turno y SOJ en Madrid, “las viejas reivindicaciones para que la Administración reconozca los derechos sociales del colectivo, son ahora inimaginables”. Según su visión de la justicia gratuita hoy, “se ha pretendido imponer el IVA a sus magros ingresos, y se ha reformado la ley abriendo las puertas a su total privatización”.
ALA dice haber comprobado estos últimos años que muchas asociaciones se han unido a la tendencia marcada por la política autonómica y colegial, “y han contribuido así a su completa desmovilización, agravada por una situación de crisis que deja poco margen al pequeño despacho para reinvindicaciones”.
“Desde la Comisión de ALA denunciamos estos hechos, nos negamos a celebrar ningún Día de la Justicia Gratuita con el ICAM o el CGAE, denunciamos su pésima gestión, la total falta de transparencia y una ineficaz defensa de los derechos del turno de oficio, del SOJ y de la asistencia jurídica gratuita” concluye su comunicado.
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