Con el inicio del año entró en vigor la directiva europea relativa a los mercados de instrumentos financieros, más conocida como MIFID II, un nuevo marco normativo que tiene como objetivo garantizar la transparencia en los mercados e incrementar la protección de los inversores, especialmente los minoristas, para que no vuelvan a producirse escándalos como los de las preferentes.
El objetivo es que el cliente comprenda perfectamente lo que contrata y que la entidad no le ofrezca productos que no se correspondan a su perfil como inversor, pero el proceso exige una formación de los empleados de la banca que está causando no pocos quebraderos de cabeza en varias entidades.
Según su función, los trabajadores deben formarse en una línea u otra y pasar un examen. Es en estas pruebas donde se ha producido un gran número de problemas. Por un lado, algunas entidades, como Banco Popular o Liberbank, hicieron la prueba online, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ha dado validez a este formato y ahora deberán repetirse los exámenes.
“Entiende la CNMV, con toda lógica, que las pruebas a distancia por este método realizadas en 2017 no garantizan la identidad del personal examinado ni los conocimientos reales; y por tanto, no reconoce su validez, lo que obligará a los trabajadores a estudiar otra vez y a someterse a nuevo examen”, se lamenta en una circular la sección sindical de CSICA en Liberbank. Los trabajadores deberán someterse a un nuevo examen el próximo mes de abril.
Los trabajadores se están quejando además de la dificultad de la prueba. Así, en la prueba celebrada a principios de este mes “la dificultad fue impresionante, muy por encima de los exámenes anteriores, y muy por encima de los problemas explicados en los talleres y los manuales”, según señala la sección sindical de UGT en Bankia, que menciona incluso “ataques de ansiedad, llantos y algún conato de enfrentamiento verbal con alguno de los ‘cuidadores’ de la prueba”.
Quejas también sobre la propia norma, “un vehículo para trasladar la responsabilidad de la venta de productos a los trabajadores”, cuando han sido “diseñados por la empresa y los reguladores”.
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