La misiva está firmada por la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, y defiende la necesidad de una Estrategia Nacional de Recursos Humanos que ayude a “paliar la falta de médicos y enfermeros”, además de incrementar las plazas universitarias para acabar con una situación que afecta especialmente a los facultativos de Familia y pediatras de Atención Primaria, pero también a geriatras, psiquiatras, psicólogos clínicos o personal de Enfermería, entre otros.
“Es necesario que desde el Ministerio de Sanidad se actúe cuanto antes porque se tarda una media de 10 años en formar a un profesional sanitario desde el momento en el que ingresa en la universidad”, subrayado Matute, quien presume de que la Comunidad de Madrid ya ha iniciado “batería de mejoras salariales y organizativas, además de ofrecer contratos de tres años de duración a los MIR que finalizaron su residencia en mayo” y aprobado la “incorporación de profesionales extracomunitarios” formados en la región.
Para la consejera autonómica, estas medidas se deben adoptar de forma inmediata, al tratarse de una situación que afecta a toda España, e “ir más allá” de la aprobación del Real Decreto de Regulación de la Especialidad de Urgencias y Emergencias, “que lejos de resolver el problema de las plazas de formación de Medicina de Familia y Comunitaria, puede llegar a agravarlo en los próximos años”.
Profesionales extracomunitarios y precio de medicamentos
El Gobierno regional reclama además la creación de más plazas y que se acrediten un mayor número de centros de formación que permitan contar con más tutores, así como que se revise la formación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que lleva parada desde 2018. “También necesitamos que se impulse la convalidación de los títulos de los profesionales extracomunitarios que cuentan con demoras de hasta 5 años”, continúa.
Por otro lado, la consejera traslada a la ministra la necesidad de modificar el funcionamiento de la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos. “No es tolerable que el Ministerio de Sanidad tarde más de 600 días en autorizar el acceso a nuevos tratamientos farmacológicos, muchos de ellos oncológicos, cuando la recomendación de la UE es que este plazo no supere los 180”, remarca.
La carta concluye pidiendo que se deje a un lado “cualquier sesgo ideológico” y que “pensando solamente en los pacientes y los profesionales, se podrá avanzar y dar solución a todas estas cuestiones que son clave para garantizar el presente y el futuro de nuestra Sanidad”.
