En un comunicado, el Govern ha explicado que se ha aprobado la transferencia de 10 millones «previstos en el capítulo 2 de los presupuestos, dentro del concepto DD10 ‘Gastos de varios departamentos, fondos extraordinarios».
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, ha afirmado que «este dinero sale de las arcas de la Generalitat», pero no ha detallado de qué departamentos salen estos recursos.
Ha insistido en que están convencidos de que el decreto ley cumple «todos los requisitos jurídicos» y que sirve para dar seguridad jurídica a todos los servidores públicos de la Generalitat.
La semana pasada la Generalitat acordó crear este fondo, que a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), servirá para que el Govern actúe como contra aval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas.
Plaja ha explicado que todavía no pueden hacer pública la entidad bancaria que pondrá el aval pero ha asegurado que se podría activar una «alternativa» si finalmente no hay ningún banco que actúe como aval.
También ha dicho que ya está habiendo conversaciones entre algunos de los afectados por las fianzas y el Govern para solicitar acogerse a este fondo.
