A pesar de la paralización, el colectivo considera que siguen aprobando documentos y licitaciones para “hacer presión sobre el Gobierno entrante”. La paralización del ‘cementerio nuclear’ en Villar de Cañas (Cuenca) aprobada por el Gobierno de García-Page no es un obstáculo para la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por ello, Ecologistas en Acción ha levantado la voz de alarma al constatar que ambas corporaciones continúan tramitando y aprobando documentos y licitaciones que corresponden al proyecto.
Unos hechos que la asociación ecologista ha calificado como “inadmisible” al “seguir enterrando dinero público y aprobando especificaciones con vistas a hacer presión sobre el Gobierno entrante”. Una estrategia que Ecologistas en Acción ve como un paso para que el hipotético nuevo gobierno tenga “serios problemas para paralizar una instalación en la que se hayan gastado más de 400 millones de euros y que cuenta con los informes favorables del CSN”.
El colectivo ha puesto sobre la mesa las acciones que están llevando a cabo ambas organizaciones. En lo que concierne a Enresa, el colectivo ha destacado que ésta ha sacado a licitación contratos por 417 millones de euros, en lo que por el momento ya se han comprometido a adjudicar unos 70 millones. Del total de esa cifra, 36 millones se han otorgado a la empresa Iberinco, sociedad en la que participa el marido de la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal.
Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, este último movimiento es sinónimo de realizar un “entierro de una ingente cantidad de fondos públicos, a sabiendas de que es seguro” que el ‘cementerio nuclear’ “no se va a construir en Villar de Cañas”.
Respecto al CSN, el organismo continúa licenciando el ‘cementerio’ aprobando “resoluciones pleno tras pleno”, obviando la decisión del presidente de Castilla-La Mancha y el Gobierno en funciones en el que se encuentra España. “La presión política del PP, tanto a nivel estatal como regional, va a causar un grave daño a la ciudadanía y el peculio público”, ha sentenciado la organización defensora de lo medioambiental.
Por todo esto, han reclamado al CSN que ponga fin al licenciamiento del ‘cementerio nuclear’ así como que Enresa frene el gasto público por adquirir compromisos “en un emplazamiento que está protegido ambientalmente”.
