Las familias o personas con graves problemas económicos deberán contar con un informe de los servicios sociales municipales que certifique su situación de extrema vulnerabilidad económica. Paliar la pobreza energética en Madrid es el acuerdo de colaboración que han firmado el Gobierno de Cristina Cifuentes con las principales eléctricas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural. Y por ello, la Comunidad de Madrid ha anunciado que destinará dos millones de euros para garantizar el suministro de electricidad y gas natural a los ciudadanos y familias de la región que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad y no cuenten con recursos suficientes para hacer frente a las facturas de dichos suministros.
Un millón de euros serán destinados para este final de 2015, y para el 2016, que va a entrar en menos de un mes, se ha realizado una consignación presupuestaria específica de otro millón de euros más, que podría aumentar en caso de necesidad, reza el acuerdo. Los participantes han incidido que en “este convenio se pueden sumar el resto de empresas comercializadoras de la región”.
Para poder acogerse a esta ayuda institucional, las familias o personas con graves problemas económicos “deberán contar con un informe de los servicios sociales municipales que certifique su situación de extrema vulnerabilidad económica”, y que deberán remitir, junto a la solicitud, a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que será la encargada de dar el visto bueno, como ha anunciado la Comunidad de Madrid.
Una vez se obtenga el visto bueno de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, cuenta el convenio, los datos serán remitidos a la empresa comercializadora de energía que, desde ese preciso momento, se comprometerá a “no suspender el suministro durante el plazo de un mes o a restablecerlo en un máximo de 48 horas en caso de que se haya suspendido el servicio”. La ayuda se podrá extender durante un máximo de seis meses, entre los que se encuentran los meses de invierno.
La Comunidad de Madrid ha advertido de que “quedarán excluidos como beneficiarios del convenio aquellos casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor, los clientes cuyo consumo mensual supere los baremos establecidos (los 4,6 kW de potencia máxima contratada que marca el acuerdo) en función del número de miembros de la unidad familiar y, por último, aquellos casos en los que se detecte a consumidores acogidos a convenios similares”.
