El Gobierno de Castilla-La Mancha paraliza el proceso para privatizar servicios en los complejos hospitalarios de Villarobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares. El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano Garcia-Page ha hecho una enmienda a la totalidad a la política sanitaria realizada en Castilla-La Mancha por el Gobierno del PP. Y lo ha hecho paralizando la hoja de ruta iniciada por María Dolores de Cospedal para privatizar cuatro hospitales, uno trabajo por el que la Junta pagó a dos consultoras 100.000 euros.
Para ello, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha encomendado al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que inicie las actuaciones pertinentes para la paralización del proceso privatizador iniciado en la pasada legislatura en las áreas sanitarias de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares, unos hospitales cuya gestión pretendía a poner Cospedal en manos del sector privado mediante la concesión administrativa de algunas de sus servicios.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha desgranado un documento encargado por el anterior Ejecutivo a dos consultoras de renombre internacional en el que se trazaba “la hoja de ruta” para la privatización de estos hospitales, según informa clm24.es.
Estas empresas, según declaraciones de Hernando, elaboraron un pliego de condiciones “a medida de las necesidades del anterior gobierno” para la licitación de un concurso para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria integral, explicando que dichos informes fueron adjudicados mediante procesos sin publicidad.
El pliego recogía, como servicios a privatizar, la atención primaria, la atención especializada (hospitalaria y ambulatoria), la atención sanitaria de urgencia, la atención farmacéutica dispensada en los centros hospitalarios y centros con oficina de farmacia propia, y la Oxigenoterapia.
También se preveía, según el portavoz del Gobierno, la privatización de los servicios sociosanitarios; por ejemplo, los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y la rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable.
Hernando ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page “no va a permitir que los centros públicos se conviertan en las clínicas privadas de unos pocos ni que los servicios públicos dispongan de una cartera menor que el sector privado”, algo que –ha dicho- se contemplaba en este plan.
Convencido de que para asegurar la prestación de un servicio sanitario integral y mantener un adecuado nivel de prestaciones “no es necesario que éstas sean prestadas por el sector privado”, y ha subrayado que los profesionales del SESCAM cuentan “con la cualificación y profesionalidad necesaria para prestar un servicio digno y de calidad”.
Defensa de la Sanidad Pública
Asimismo, el portavoz de Page ha defendido que “las medidas de control de gasto farmacéutico no pueden derivar en una limitación de los ciudadanos al acceso a los medicamentos, mediante una desorbitada incentivación al concesionario”, sino que éste ha de venir “a través de políticas de uso racional del medicamento”.
“No vamos a consentir que el ahorro sea el único criterio a la hora de dispensar fármacos a los enfermos”, al igual que “no compartimos el afán de ahorrar recortando el número de camas estrictamente necesarias en cada momento”, ha enfatizado el portavoz, para quien “los enfermos han de estar hospitalizados el tiempo que los facultativos consideren necesario”.
Nacho Hernando ha reiterado además el compromiso del Ejecutivo de Emiliano García-Page con la defensa de un sistema sanitario público “donde los ciudadanos no tengan que volver a pagar por los servicios sanitarios que reciben y en el que se impedirá la entrada del negocio privado en la gestión de las batas blancas”.
“No se va a hacer negocio con la salud de los castellano-manchegos, no va a primar el beneficio empresarial por encima de la salud”, ha concluido, al tiempo que ha calificado de “indignante” que el coste de estos dos informes, cercano a los 100.000 euros, sea “extremadamente cercano” a la inversión que el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado a la puesta en marcha el Plan Dignifica, que ha permitido la apertura de 202 camas en cuatro meses.
