El troceo de La Seda de Barcelona ha comenzado. Los mismos portugueses de BA Vidro, los mayores accionistas de la química catalana que en su día rechazaron enérgicamente la fragmentación propuesta por el fondo acreedor Anchorage, acaban de solicitar el permiso del juez para comenzar con el proceso. La venta al mejor postor de las partes menos rentables de la compañía ha comenzado.
En concreto, los accionistas lusos han pedido autorización al Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona que instruye su proceso concursal para la venta de Artenius España y de Industrias Químicas Asociadas (IQA). Dos denominaciones sociales tras las que se esconden las plantas de La Seda en la localidad barcelonesa de El Prat de Llobregat y en Tarragona. Una petición que abre la caja de las desinversiones en la catalana con el objetivo único de llegar a conseguir una negociación más amable con sus prestamistas.
Esta primera ronda de ventas, que apunta a un plan mucho menos agresivo que el que dibujaban los del ‘fondo buitre’ estadounidense, cuenta con el visto bueno de los administradores concursales de Forest Partners Estrada y Asociados, en quienes recayó la compañía tras la negativa de los franceses de Mazars de hacerse cargo del reflote o liquidación de la compañía química. En este sentido, se busca limitar la actividad del grupo a su ‘core business’, prescindiendo de las actividades con mayor “grado de volatilidad y mayor riesgo de mercado y negocio”, según se ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La misiva, suscrita por el presidente Carlos Moreira da Silva, pide también permiso al letrado para proceder a la venta de las acciones que posee en la sociedad turca Artenius Turkpet, antigua marca de La Seda de Barcelona en ese país asiático. Y es que, la quiebra de la catalana ha cruzado fronteras y se ha extendido a muchas de las filiales internacionales del grupo químico que presentó su amparo judicial frente a acreedores el pasado 17 de junio.
El plan maestro trazado por Moreira, con el que consiguió el respaldo de los accionistas de la compañía para volver a la presidencia, contemplaba entregar hasta un 25% de la compañía a los acreedores, del que un 10% correspondería en exclusiva a Anchorage. Así mismo, la venta de divisiones menos rentables por hasta 30 millones de euros con el objetivo de centrarse en su rama de embalajes.
