Al ir a preguntarle a mi jefe por el estado actual de la Justicia en España y el deterioro que sufre la imagen de jueces, abogados y fiscales ha sido inevitable tropezar con un nutrido listado de informaciones contradictorias y polémicas que, sólo en lo que va de semana ha convertido reiteradamente a la magistratura en el punto más caliente de la actualidad nacional. Por lo menos, en cuanto al número de frentes abiertos.
A saber, Ruz ha vuelto de las vacaciones y ha tomado declaración a la secretaria de Bárcenas, que destruyó la agenda de su exjefe, y a unos cuantos peritos que dicen que el PP destruyó uno de los discos duros del ordenador de su antiguo empleado, seis días después de que éste entrará en la cárcel. Y hay un abogado que se queja de que el juez no protegió las pruebas y un juez que dice que él hubiera cogido los discos duros directamente sin pedírselos a una parte interesada. ¿Quizá por si los borraba? Lo cierto es que Bárcenas está en la cárcel, entre otros motivos, para impedirle que destruyera pruebas.
Luego está la Juez Alaya que ‘ataca’ siempre al Gobierno andaluz en fechas señaladas gracias a que mantiene en su poder la instrucción de un caso sobre el que no tiene competencia. O no la tendría si fuera verdad que hay indicios de delito en algunos exaltos cargos socialistas ahora aforados. Cómo no quiere ‘perder’ su caso estrella, pero sí quiere que se sepa que hay expresidentes autonómicos que pueden quedar enfangados en el caso de los ERE, pues les dice que corren el riesgo de que les imputen, y que si quieren que vayan a verla a ella, con un abogado, mientras ella pasa o pasa el caso a la instancia superior correspondiente.
Y esta Fernández-Lasquetty, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La semana pasada decía que la única instancia competente para juzgar el proceloso asunto de sus privatizaciones era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora ya no lo es. O no lo es, desde que ayer dictara una sentencia que no le favorece. Aunque, en general está contra todos los juzgados, porque al emitir, según él, dictámenes contradictorios sobre un mismo asunto generan inseguridad. Aunque otro juez, le denuncia a él y a la Fiscalía madrileña por ´presiones’ para que archive una causa que revisa desde el minuto uno todas las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre y sus delfines.
Y está el presidente del Tribunal Constitucional, nada menos, cuya situación es más bien dudosa porque era militante del PP, mientras era magistrado y ha emitido opiniones más que concluyentes sobre la reforma laboral o Cataluña, dos asuntos que debe examinar el alto tribunal que preside..
En resumen que hay jueces malos, jueces buenos, jueces que ‘protegen’ a los banqueros, otros que se preocupan por los pequeños accionistas e inversores, otros que son cautelosos con la instrucción, otros que son imaginativos…Y así…
Con este nutrido listado por delante, cuando le pregunto su opinión sobre el tema a mi jefe le parece obvio que la Justicia tiene un problema muy serio en España. Pero muy, muy serio. Más aún con el ministro que le ha tocado en suerte en el Gobierno de Rajoy: Alberto Ruiz Gallardón, ese ilustre ex alcalde de Madrid, que sólo ha conseguido, por ahora, que todos los sectores y colectivos relacionados con la magistratura se sitúen unánimemente en su contra.
