Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y único en votar en contra del informe de los expertos sobre la reforma de las pensiones, ha cargado contra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que acusa de anteponer el cumplimiento del objetivo de déficit público a la sostenibilidad del sistema.
Según escribe en el blog de Economistas Frente a la Crisis, organización de la que es socio fundador, la ministra ha optado por la “inmediatez” a la hora de aplicar el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que sustituirá al IPC, “tratando de cumplir así con las exigencias comunitarias en materia de objetivos de déficit público”. Los expertos habían ofrecido la opción de retrasarlo hasta 2019.
Ruesga recuerda que este índice será el que tendrá mayor impacto cuantitativo en cuanto a los gastos del sistema de pensiones, “dado que las reducciones subsecuentes que se producirán en la revalorización anual de la cuantía de las pensiones (con respecto al criterio actual de aplicar la variación del IPC, según la Ley General de la SS), son notablemente más cuantiosas, a corto plazo, que el ahorro derivado de la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que se aplicará solo a nuevos entrantes en el sistema y, por tanto tardará unos cuantos años en afectar a todos pensionistas”.
“No es un mecanismo para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo sino un instrumento para reducir el déficit público a corto plazo”, denuncia el experto, que considera que esta medida se toma en línea con la política económica del actual gobierno y de las autoridades europeas, según la cual alcanzar un déficit inferior al 3% del PIB “nos llevará de forma inmediata e inexorable al paraíso (no sabemos a cuál y sobre todo a quienes)”.
Ruesga destaca que la principal consecuencia de esta medida será que “el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación”.
«No es sólo una forma de hacer frente a la coyuntura, para reducir el déficit; detrás de este tipo de reformas hay un discurso ideológico sustentado en un cierto grupo de poder económico (y político)», afirma el catedrático, quien avisa de que estas medidas redundarán en una sociedad más desigual aún «y, de forma particular, con desigualdades creciente en el nivel de vida de los pensionistas».
La propuesta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado a la patronal y los sindicatos para la reforma de las pensiones, contempla desligar las pensiones del índice de precios de consumo (IPC), actualmente en el 1,5% según el indicador adelantado de agosto. Se utilizará un nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones que tendrá en cuenta no sólo la inflación, si no también los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social.
