Ignacio González se ha encontrado con un nuevo quebradero de cabeza en la Sanidad madrileña, aunque no a cuenta de la Marea Blanca. La sociedad concesionaria que se encargó de construir el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, y que desde 2008 gestiona la actividad no sanitaria del centro, reclama a la Comunidad de Madrid una deuda de 2,7 millones de euros. Esta sociedad está formada por Iridium (Grupo ACS), Sacyr y Bovis Lend Lease.
La unión de empresas constructoras ha pedido al Gobierno regional, a través de varios escritos de reclamación presentados en 2012, que pague para reestablecer “el equilibrio económico-financiero de la concesión”. La deuda, según recoge El País, es fruto de la demora que sufrieron las obras del hospital (tres meses más de lo previsto) para llevar a cabo diversas modificaciones.
Concretamente, la concesionaria asegura que, durante la construcción del edificio, incurrió en gastos que superaban los presupuestados y que fueron motivados “por causas imputables a la Administración”. Según la información del diario de Prisa, la empresa pidió en septiembre de 2007 a la Comunidad de Madrid una prórroga de tres meses en el plazo de ejecución de la obra para acometer modificaciones en el bloque quirúrgico y en las unidades de radiodiagnóstico y laboratorios.
El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) concedió dicha prórroga, lo que unido a las modificaciones generó unos costes de 2,7 millones que ahora la concesionaria reclama al Gobierno regional. No obstante, desde la empresa se han apresurado a asegurar a El País que, a pesar de que la deuda existe, “no hay conflicto” y no están valorando tramitar judicialmente la reclamación.
Y este no es el único problema que tiene que enfrentar la Comunidad de Madrid respecto al hospital Puerta de Hierro. La doble gestión, pública (la parte sanitaria) y privada (cocinas, limpieza, administración, lavandería…) del centro ya ha dado más de un ‘dolor de cabeza’ al Gobierno regional.
El Sermas abrió hace unos meses un expediente administrativo para reclamar a la concesionaria el dinero de los sueldos que pagó entre 2008 y 2011 a empleados públicos que en realidad trabajaban para la empresa. La Administración abonó los salarios de unos 400 trabajadores (en torno a 11 millones de euros) y a la vez pagó un canon anual a la concesionaria por prestar esos servicios, es decir, pagó dos veces por lo mismo.
