La auténtica avalancha de demandas que los afectados por las participaciones preferentes de Liberbank están presentando amenaza con colapsar los juzgados de Santander, lo que ha obligado al Gobierno de Cantabria y al Consejo General del Poder Judicial a diseñar un plan que favorezca una tramitación más ágil.
Según publica El Diario Montañés, este plan consiste en la apertura de un ‘juzgado bis’ o de refuerzo, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7, dotado con una jueza, un secretario judicial y al menos cuatro funcionarios, que quitarán carga de trabajo a los jueces que resuelven estas demandas.
Al frente del juzgado paralelo se situará la juez de Adscripción Territorial dependiente del TSJC, Cristina Roiz, señala este diario. Además, el Ministerio de Justicia ha hecho un ofrecimiento a los secretarios judiciales titulares por si alguno de ellos está interesado en asumir también las competencias del ‘juzgado bis’. De lo contrario, Justicia, de quien dependen estos funcionarios, nombrará a un secretario judicial.
Pero la mayor parte del esfuerzo recaerá sobre la Administración regional, con competencias en personal y medios materiales. Será la Consejería de Presidencia y Justicia la que dotará al nuevo órgano judicial de al menos cuatro funcionarios (un gestor y tres tramitadores), siempre según El Diario Montañés, que centralizarán el papeleo que generan las demandas relacionadas con las preferentes en Santander.
En los seis primeros meses del año habrían entrado en los nueve juzgados civiles de Santander 313 demandas de preferentes, lo que equivale a 35 procedimientos nuevos por juez.
