Renfe ha asegurado hoy que aquellas comunidades autónomas que quieren continuar con el servicio de alguna de las líneas que no han sido consideradas dentro de la obligación de servicio público, pueden formalizar un contrato con la operadora para mantener la prestación. Eso sí, deben asumir el coste de las líneas suprimidas que deseen mantener.
Así lo ha afirmado la compañía pública en un comunicado en el que ha aclarado que está trabajando en un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia aprobado el pasado 28 de diciembre. Ha recordado además que mediante dicho plan se garantizan los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general y el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
El Ministerio de Fomento ha anunciado que pretende suprimir 48 líneas ferroviarias de Renfe de media distancia que transportan actualmente 1,65 millones de viajeros al año, y reducir la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% (incluyendo las líneas de Avant) para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente.
En este sentido, la empresa ha informado que el 51,7% de los trenes de media distancia cubren servicios que sólo usan un 16% de los viajeros. Pero según ha comunicado Renfe en la nota, aún están por definir los trayectos que se suprimirán.
