Esta semana se celebró la primera reunión entre la dirección de Caja España-Duero y los sindicatos, una cita en la que la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que 1.502 empleados deberán abandonar la entidad, independientemente de que se produzca o no la ansiada fusión con Unicaja.
Según un comunicado conjunto firmado por CCOO, UGT, UEA y CSICA, la dirección comunicó que el plan de reestructuración es “de obligada aplicación sea Unicaja u otra entidad” quien finalmente se haga con Ceiss, el banco de Caja España-Duero.
En otras palabras, sea cual sea el futuro del proceso, 1.502 trabajadores deben abandonar la entidad, se cerrarán 263 oficinas (todas las de fuera de Castilla y León, Madrid y Cáceres, y 116 de las oficinas ubicadas en estas tres demarcaciones geográficas), y Ceiss debe reducir un 30% su balance. No nos comunicaron los criterios que serán tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
La dirección señaló también a los sindicatos “estas cifras y parámetros son muy rígidos porque vienen impuestos por Bruselas para la recapitalización de Ceiss”, que recibirá 604 millones de euros.
Otro de los asuntos tratados en la reunión fue el contenido del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno, que podría incidir en una rebaja de la pensión futura de aproximadamente una media de un 5% para un número de empleados de más edad que deberá abandonar el banco y pretenda acceder a la jubilación anticipada. El texto entrará en vigor el 1 de abril, por lo que la intención de ambas partes es llegar a un acuerdo antes de esa fecha.
Hoy viernes se celebrará una nueva reunión, en la que la dirección se ha comprometido de hacer entrega a los sindicatos de su primera propuesta de reestructuración.
