Los médicos han dado un paso más en su lucha contra la privatización de hospitales y ambulatorios que llevará a cabo Ignacio González. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha elaborado un informe en el que defiende la inconstitucionalidad de esta medida, que creará un “apartheid sanitario” al discriminar a los pacientes por zonas.
En un comunicado, la asociación explica el informe que asegura que “como la libertad de elección no es plena, los pacientes de las poblaciones concesionadas tendrían dificultades para acceder a la atención de los hospitales de otras zonas”.
Concretamente, los facultativos especialistas indican que si se implanta esta medida “los hospitales públicos seguirían teniendo un régimen económico presupuestario y cooperativo, en el que no hay problema alguno para que los pacientes se remitan al hospital más idóneo para atenderles; mientras que los hospitales privados tendrían un régimen económico contractual y competitivo, que les penalizaría si remiten a los pacientes de su zona a otro hospital”.
El texto, que AFEM ha elaborado de la mano del bufete López Rodó & Cruz Ferrer, al que ha contratado para llevar estas privatizaciones ante los tribunales, será entregado esta misma tarde, a las 18:45 horas, en la sede del Defensor del Pueblo para que esta institución conozca la realidad de la Sanidad madrileña y acuda al Tribunal Constitucional para interponer un recurso.
Los médicos aseveran en este documento que la habilitación de la Ley madrileña para proceder a la concesión de los servicios sanitarios de los hospitales vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y sobre la sanidad pública por varias razones, y no sólo porque rompa “la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria”.
Según indican, la norma impulsada por el Ejecutivo de Ignacio González no atiende a cuestiones como que “los Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud no parecen disponer ni de la capacidad ni de las prestaciones para suministrar toda la información que exigiría el cumplimiento de estos contratos y especialmente la facturación intercentros, que es una cuestión clave para que los concesionarios no obtengan una retribución excesiva que no les corresponde”.
Es más, el informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían; y que tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados.
La AFEM remarca en el texto que la Sanidad pública es uno de los mayores logros de la sociedad española, fruto del esfuerzo continuado de varias generaciones desde hace setenta años, y que “la Comunidad de Madrid se ha lanzado al proceso de privatización sin disponer de estudio alguno sobre los costes reales y sobre la viabilidad de este modo de gestión, y sin contar con ninguna experiencia similar en otros países”.
Por ello, tal y como ha afirmado Pedro González, presidente de esta asociación, este proyecto “es un auténtico experimento a nivel mundial. De hecho, por los estudios sobre costes que se presentan en el Informe, el proyecto no parece viable económicamente”.
Los médicos también enviarán este informe sobre la inconstitucionalidad de las privatizaciones a la Ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, la de Sanidad, Ana Mato, y a los miembros de la Comisión Sanidad del Congreso, del Senado y de la Asamblea de Madrid.
Nueva huelga
La AFEM ha convocado esta tarde a las 17 horas en el Hospital Doce de Octubre una asamblea de médicos para decidir las características de la convocatoria de huelga, que se llevará a cabo una vez que la Consejería de Sanidad publique los pliegos con las condiciones de la externalización de hospitales.
