La presidenta del Gobierno foral de Navarra, Yolanda Barcina, ha justificado hoy las altas dietas que cobraba de Caja Navarra por sus responsabilidades en la entidad financiera y ha dicho que lo mismo ocurría con todos los personas ‘colocadas’ en dicha entidad financiera.
Esta línea de defensa contrasta fuertemente con la posición que han tomado otros cargos colocados en las cajas de ahorro que han reconocido que su única función era la de asistir a las reuniones del consejo y firmar lo que les ponían delante sin leerlo, como declaró el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, cuando declaró ante el juez sobre Bankia.
Arturo Fernández, que también presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, fue uno de los de los 33 imputados en el ‘caso Bankia’ a los que se les acusa, entre otros, de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental y también fue uno de los muchos que se escudaron en la “escasa información” que recibían sobre la marcha de la entidad.
En diciembre pasado, Arturo Fernández declaró como consejero de Bankia y en su comparecencia declaró al magistrado que votó a favor de las primeras cuentas de la entidad para 2011, que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, sin haberlas estudiado, porque “si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas”, tal y como informaba el plural.com.
Esa estrategia de “entre todos la mataron y ella sola se murió” parece ser la que están utilizado e los antiguos responsables de Bankia-BFA de cara a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de la entidad y un ejemplo es lo que dijo en su declaración el expresidente de Caja Insular de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro.
El ex consejero de BFA ha echado balones fuera limitándose a señalar que él votaba “lo que le decían”. Durante una hora y media de declaración ante el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, Suárez del Toro se escudó en la falta de información de la que disponía sobre las cuentas de la entidad o la reformulación de las ayudas que solicitaba, al no tener asignadas tareas auditoras.
Los 33 imputados en esa causa de Bakia están acusados de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Igual en la CAM
Tres cuarto de lo mismo ha sucedido en la comisión de investigación que se ha abierto en las Cortes Valencianas sobre la intervención de Caja Mediterráneo por el Banco de España: los consejeros propuestos por los partidos dicen que se “fiaban” y se limitaban a hacer caso a los profesionales.
Tal y como informó El País, dos a exconsejeras de la CAM, Raquel Páez y Natalia Caballé, han escudaron en no podían llegar al fondo de los asuntos que trataba la caja, en que confiaban en las personas que llevaban el día a día, y que todas las operaciones que se presentaban parecían estar «muy bien» y ajustarse a la legalidad.
Incluso una de estas consejeras dijo “:Se supone que solo teníamos que dar el visto bueno», y reconocía que el consejo se enteraba «de la misa, la media».
En vista de que los argumentos de muchos de los exvocales del consejo de Administración de la CAM iban en el mismo sentido era que no sabían nada y que lo dejaban en manos de los profesionales, el diputado EUPV Lluís Torró llegó a exclamar:“parece que no se enteraban ustedes de nada», lo que calificó de “grave”.
Esta comisión de investigación parlamentaria, que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la entidad alicantina por parte del Banco de España, comenzó el pasado 2 de mayo y por ella han pasado más de 50 personas.
