La industria renovable se ha levantado en armas contra los nuevos recortes aprobados por el Gobierno para el sector. El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, advierte de que las subidas de impuestos, la no aprobada orden de peajes y la eliminación del límite del déficit de tarifa “son la expresión de que España camina hacia una crisis energética de efectos inacalculables por la incompetencia de los gestores políticos y la defensa a ultranza de un mercado energético sin competencia, que opera como un cartel que impide la transparencia y eficiencia que necesita una economía competitiva”.
En un artículo escrito en El País, García Breva denuncia que la factura de la luz se ha convertido en “un ininteligible castillo de naipes a través de la inseguridad jurídica que supone un cambio regulatorio permanente, a decreto por semestre, y de la voluntad de cargar en la tarifa todos los problemas del país”.
Según critica, lo que han hecho los sucesivos Gobiernos ha sido no tocar el sistema para proteger las operaciones corporativas y las cotizaciones del sector energético. Se ha preservado un modelo basado en incentivar el mayor consumo de energía fósil importada, no tocar el método de conformación de precios referenciado para todas las fuentes de energía al precio de la energía más cara, como el gas y el carbón, impedir que el ahorro de energía y las renovables quiten mercado a las fuentes convencionales y mantener un mercado cautivo de millones de consumidores sin competencia real”, denuncia.
Para García Breva, las causas de la insostenibilidad del sistema hay que buscarlas en la falta de una estrategia energética a largo plazo, “que ha conducido a políticas de corto plazo que respondían a cada problema con un parche regulatorio y en la falta de competencia que, como ha denunciado la Comisión Europea, ha impedido que el consumidor acceda a las ofertas más baratas”. Y añade que las consecuencias han sido paradójicas: «con la economía en recesión ha crecido nuestra dependencia, nuestra intensidad energética y las emisiones de CO2, perjudicando la competitividad de nuestra economía».
