Los antiabortistas abren un nuevo frente a Montoro por la financiación de la interrupción del embarazo

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Los antiabortistas abren un nuevo frente a Montoro por la financiación de la interrupción del embarazo

A Cristóbal Montoro le crecen los problemas. Por si no tuviera bastante con que una de sus medidas estrella, la amnistía fiscal, haya fracasado, ahora el ministro de Hacienda se ha convertido, casi sin quererlo, en la diana de los ataques de los sectores antiabortistas que critican que se financien “con mis impuestos” la “muerte de inocentes” en las clínicas de interrupción de embarazo. Unas quejas que escenificarán el jueves con una concentración ante el Ministerio.   

‘No más abortos con mis impuestos’. Este es el lema de la manifestación que protagonizarán el día 27 de este mes a las 10 de la mañana diversos colectivos defensores de la vida y contrarios a la interrupción del embarazo ante las puertas de Hacienda, cerca de la madrileña Puerta del Sol. Un acto con el que hacer llegar a Montoro que se declaran “objetores fiscales al aborto”.

“La financiación pública del aborto sirve para eliminar vidas humanas y obliga injustamente a los contribuyentes a sostener una industria violenta e inhumana”, aseguran estas asociaciones en un comunicado en la web de Hazte Oir que quieren trasladar al titular de Hacienda y en el que insisten que “no quiero que mis impuestos sirvan para eliminar vidas humanas en su estado más vulnerable”.

Por todo ello, exigen a Montoro que no les “obligue a financiar el aborto y destine esa parte de mis impuestos a apoyar la maternidad en dificultades, educación, subida de las pensiones, medicinas, atención a los enfermos y personas dependientes, o a cualquier otra prestación social a los sectores más castigados por la crisis”.

Según los datos de los antiabortistas, este “negocio genera 56,5 millones de euros para sus dueños”, lo que se traduce en que cada contribuyente “entrega 3 euros al año a la industria del aborto a través de su declaración de la Renta”. Si nos remontamos a 1985, año de la primera ley de interrupción del embarazo, esta factura asciende a 787,3 millones del euros, tal y como denuncian estos colectivos.

Además de cargar ahora sus tintas contra Montoro, el ‘responsable’ de los Presupuestos Generales del Estado, estas asociaciones en defensa de la vida no se olvidan de Mariano Rajoy al que le recuerdan que, un año después de su toma de posesión como presidente del Gobierno, sigue sin tomar cartas en el asunto.

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