El presidente de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites necesarios para empezar a ‘cobrar’ por los abogados de oficio. Ignacio González ha decidido limitar la Justicia gratuita en la región, y ha dictado que a partir de enero sólo se abonen a los abogados del turno de oficio los expedientes tramitados electrónicamente, con los que se conocerá si la persona que he hecho uso de este servicio tiene derecho a él.
Según indicó ayer el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sistema informático que permitirá conocer en 24 ó 48 horas si alguien que no cumpla los requisitos se ha beneficiado de la Justicia gratuita. El objetivo, dijo, es evitar fraudes.
Además, según explicó, esta nueva medida beneficiará al abogado de oficio, que evitará verse perjudicado por la demora de la concesión o denegación de este derecho. En concreto, se refiere a las demoras del Ejecutivo regional a la hora de pagar por este servicio.
Precisamente ayer, el Consejo de Gobierno acordó destinar 31 millones de euros para liquidar los pagos pendientes de este año a los colegios de Abogados y Procuradores en concepto de Justicia gratuita. De ellos, 27,9 millones se destinan a los abogados y 3,1 millones a los segundos.
Esta medida que llegará en enero a la Comunidad de Madrid ya figura en los planes de Alberto Ruiz-Gallardón. Hace unos días se conocía un documento que revelaba que el ministro de Justicia tiene la intención de obligar a los ciudadanos a pagar los honorarios de los abogados de oficio en el caso de que, tras la correspondiente revisión, su perfil no estuviera incluido en el grupo de quienes sí tienen derecho a la Justicia gratuita.
