A medida que se producen las comparecencias judiciales sobre el caso Bankia, las estrategias de los imputados van quedando claras. Y ahí una parte sustancial de los representantes del empresariado madrileño envueltos en este turbio asunto que han puesto su dedo acusador sobre la auditora, Deloitte, para huir de la quema.
Es obvio que Deloitte, con su firma, hizo posible que se produjera la controvertida salida a Bolsa del banco ‘creado’ alrededor de Caja Madrid y Bancaja y que hay muchas dudas sobre la posibilidad de que en sólo unos meses, el balance de la entidad sufriera un descalabro tan elevado como el que, aparentemente, se habría producido. El mismo que hizo que la auditora se negase a avalar las últimas cuentas de la etapa de Rato.
Pero, Deloitte no puede ser la única responsable del ‘fiasco’ por mucho que Arturo Fernández, por ejemplo, asegure que el no se fijaba en las cifras a la hora de firmar porque tenía puesta su confianza en la empresa contratada para velar por su limpieza. Los consejeros de una entidad financiera no son seleccionados, en teoría, para acudir, asentir y cobrar.
Más aún, la existencia de una Comisión de Auditoría, en los consejos de administración tiene el sentido evidente de que sus miembros ejerzan a la vez un control sobre los gestores, por un lado, y los auditores, por otro. Son, como se ve, una de esas murallas chinas que para nada sirven, con los que los responsables de los bancos y las cajas en todo el mundo intentan convencer a los supervisores de que la autoregulación es posible.
Pero no parece que lo sea del todo. O por lo menos no lo ha sido en el caso de Bankia, cuya comisión de Auditoria en la época de Rodrigo Rato llegó a presidir otro ex ministro del PP, Angel Acebes y sobre cuya composición y gestión hay muchas dudas obvias y algunas responsabilidades que atribuir. Y depurar, por supuesto.
