Catalunya Caixa necesita 10.825 millones para tapar sus agujeros, según el informe de Oliver Wyman. Una factura, equivalente a un 5,40% del PIB regional que pagarán todos los españoles a cuenta del rescate que impulsa el ministro de Economía Luis de Guindos. Y un dinero que no está en los cálculos de las elites independentistas catalanas que alienta el presidente de la Generalitat Artur Mas.
El debate secesionista ha irrumpido con fuerza en la política española, justo cuando todos los ciudadanos de todo el país sufren las consecuencias de la petición de fondos para el rescate bancario a través de un duro programa de consolidación fiscal impuesto por una Unión Europea, que gracias al entusiasmo de Rajoy por la reducción del déficit ha conseguido imponer estos sacrificios a la población sin soltar aún ni un euro del dinero prometido.
Y la parte que le corresponde a Catalunya Caixa en la fiesta del salvamento del sistema financiera tiene un peso del 18% en el importe total a desembolsar para el reflotamiento de las viejas cajas quebradas. Mucho dinero para que no hayan surgido ya algunas voces, teñidas de un rancio y demagógico españolismo, que animan a Artur Mas y la Generalitar a pasarle la cuenta del guateque al enaltecido pueblo catalán.
Sobre todo, porque el avance del nacionalismo más radical en Cataluña, parece tener sus raíces en las actuales dificultades económicas a las que se enfrenta su población. Los catalanes pagan a España mucho más de lo que reciben de ella, dicen. Por ese motivo, sufren ahora una crisis económica severa y se ven obligados a soportar recortes en los servicios sociales que no hubieran sido necesarios si fueran un estado independiente integrado en la UE: Esa es la idea fuerza que ha propiciado, en los últimos tiempos, el crecimiento imparable del independentismo catalán.
Un movimiento, además, alentado desde las instituciones autonómicas, cuyos actuales responsables han encontrado gracias a él, una fórmula perfecta para salir indemnes del río revuelto.
Sin embargo, el argumento, simple y atractivo como es, se tambalea a la menor revisión rigurosa de sus postulados base. O eso piensan algunos expertos que, por ahora, ni siquiera han tocado uno de los temas más controvertidos. Justo el que enunciabamos al principio, ese costoso rescate de Catalunya Caixa, cuya factura, esta vez sí, va a recaer sobre todos los españoles.
Pero el hecho de que uno de los dirigentes más destacados de esa entidad fuera el socialista Narcís Serra parece haber contribuido a que el PSC, en esto sí, esté más o menos de acuerdo con CiU a la hora de obviar este espinoso asunto. Lo mismo que pasa con ERC e Iniciativa per Catalunya que estaban integradas en el anterior gobierno tripartito de la región y, por lo tanto, comparten la responsabilidad de no haber detectado y evitado lo que se estaba produciendo.
Ese pacto de silencio ha contribuido a que muchos tengan la sensación de que La Caixa, una de las entidades más solventes del sistema financiero, es el único banco catalán. Pero no es cierto. Más aún, la quebrada Catalunya Caixa, es más específicamente catalana que su competidora. Sobre todo porque en ella se integran Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, una fusión que no sirvió para evitar su hundimiento. Hasta el punto de que tuvo que ser nacionalizada con una aportación del Estado español a través del FROB de 1.315 millones de euros.
Pero milagrosamente, como decíamos antes Mas y los suyos han conseguido dejar a Catalunya Caixa fuera del debate independentistas, a pesar de que es la segunda mayor entidad financiera de Cataluña.
¿Gracias también a la colaboración del PP? Quizá sí, aunque no lo parezca. Al partido del Gobierno no le interesa demasiado entrar en harina porque tiene a su vez mucho que ocultar. Por ejemplo a Bankia, que necesitará nada menos que 24.743 millones para recapitalizarse tras haber recibido ya 4.665 millones en 2010 procedentes de FROB.
Y este banco, que se ha convertido en la viva imagen mundial de la crisis española es el resultado de la fusión de, sobre todo, dos grandes cajas de Madrid y Valencia a quienes debían controlar, según las leyes vigentes en su momento, los gobiernos regionales de ambas comunidades presididos por políticos del PP.
O, por ejemplo, y en la actualidad quizá sea aun más peligroso para la formación conservadora, a NCG Banco, que necesitará 7.176 millones, ha recibido ya 2.465 cuando fue nacionalizado y es el resultado de una fusión de cajas impulsadas y decidida por Núñez Feijóo el actual presidente de la Xunta que es también el candidato a la reelección por el PP en las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de octubre.
Una fusión absolutamente fallida que, además, al menos según la opinión de la agencia de rating Fitch, puede terminar con la liquidación del banco resultante que ni siquiera será viable tras recibir las cuantiosas ayudas que le llegarán una vez que la UE empiece a abonar a España el préstamo prometido para el rescate bancario.
Como puede verse, al final buena parte de la crisis económica que padece España en su conjunto, está relacionada con la gestión personalista e interesada que realizaron de estas entidades financieras de carácter regional grupos políticos enraizados en la escena local, para el beneficio de élites sociales y empresariales enraizadas en las mismas autonomías. Y, eso pasó también, y muy especialmente, en Cataluña Aunque no sólo allí.
