El abogado que se querelló contra Baltasar Garzón por las escuchas ilegales del ‘Gürtel’, Ignacio Peláez, ha pedido la nulidad del caso después de que el Tribunal Supremo decidiese inhabilitar durante 11 años al juez de la Audiencia Nacional. Asegura que “si todo lo que ha costado este procedimiento se queda en nada, la culpa será del señor Garzón y no de los letrados” que defendieron a los acusados.
La condena a Garzón sigue trayendo cola. A las reacciones políticas que se sucedieron ayer al conocer la noticia se le unió la del abogado que se querelló contra el juez por estas escuchas, que según algunos observadores políticos no tardaría en llegar. Peláez insinuó en declaraciones a la SER que la condena a Garzón puede derivar en la nulidad del caso contra la trama de corrupción, ya que “si se ha considerado que han sido actos delictivos los que han dado lugar a pruebas, éstas son nulas”.
Por ello, según indicó, ahora “tiene la obligación de defender a su cliente (el constructor José Luis Ulibarri) y si la ley le permite pedir esta nulidad, la responsabilidad será del señor Garzón por haber hecho algo ilegal”. Tras asegurar que no sentía “ninguna alegría de se haya condenado” al juez de la Audiencia, Peláez señaló que con la sentencia del Supremo “se ha restablecido el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente”. “Se han puesto límites y se ha dicho que no vale todo en la investigación judicial”, agregó.
Algunos defensores de Garzón criticaron ayer la persecución realizada por este tribunal al juez y tildaron a los miembros de la Sala de franquistas. Estas declaraciones no han sido bien acogidas por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que las ha tildado de intolerables e inadmisibles porque este poder judicial “ha dado muestras evidentes de ser imparcial e independiente”. Además, Bravo ha indicado que a Baltasar Garzón se le ha condenado por unanimidad “con todas las garantías como todos los ciudadanos”.
Naseiro.
Varios observadores políticos han asegurado que la deriva que puede tomar el ‘Gürtel’ trae a la memoria lo sucedido en el caso Naseiro, en el que el PP estaba acusado de financiarse ilegalmente. Esta trama se archivó después de que se descubriera que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar un caso de narcotráfico y que su utilización no gozaba de supervisión judicial.
