La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya no sabe qué hacer para frenar la batería de protestas que están llevando a cabo los profesores de la región contra el tijeretazo que ha impulsado la popular en materia de Educación. La jefa del Ejecutivo de la capital intenta ahora ilegalizar el tercer día de huelga promovido por CCOO para el 22 de septiembre, ya que no podrá hacer nada contra los paros convocados por todos los sindicatos para los días 20 y 21.
En concreto, y según ha informado la consejería de Educación y Empleo regional, Aguirre considera que la convocatoria ideada por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid, el sindicato más representativo del sector en la capital, para los centros públicos de secundaria (IES) es “ilegal” ya que la solicitud para la misma no han entrado en los plazos previstos por la legislación, según Europa Press.
Una huelga que en principio sólo secundarán los docentes afiliados a CCOO, ya que según han reconocido los representantes del resto de sindicatos, UGT, ANPE y CSIF, a EL BOLETÍN sólo tienen previsto realizar paros los días acordados conjuntamente en la reunión de la mesa sectorial que organizaron hace unos días, y no parar el 22 de septiembre, ya que se trata de un desmarque de CCOO.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado los servicios mínimos que deberán cumplir los centros que secunden los paros durante los días ‘legales’ de huelga. Según ha decretado Aguirre, estos institutos deberán permanecer abiertos y contar, al menos, con la presencia del director y del jefe de estudios, además del personal de administración, conserjería y bedeles, que no están llamados a la huelga.
Además, para los centros en los que haya escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales la presidenta regional ha establecido que tendrá que haber, al menos, un profesor por cada 50 alumnos, ya que se trata de estudiantes con mayores necesidades de atención.
El Gobierno regional también ha advertido que, en caso de incumplimiento de cualquiera de estos servicios esenciales, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el centro en cuestión será sancionado según lo dispuesto en la normativa correspondiente.
