La Comisión de Defensa del Congreso ha autorizado prorrogar otros dos meses la misión militar en Libia, que generará un coste de 43 millones de euros. El único partido que ha votado en contra ha sido IU, pero toda la oposición puso en duda los resultados conseguidos hasta ahora por la OTAN y la coalición internacional, y avisó de que la situación podría alargarse.
La autorización supondrá una estancia de dos meses más en la zona de exclusión aérea, que permitirá que los militares puedan participar en labores humanitarias que está llevando a cabo la UE, para hacer llegar ayuda humanitaria y evacuar refugiados, siempre y cuando contando con el respaldo de la ONU, no supere el máximo autorizado de 500 militares. Carme Chacón ha señalado que «la misión no consiste en desalojar a Muamar Gadafi, tarea que es diplomática y política, sino que su objetivo es proteger a la población civil».
Chacón aseguró que se estableció un primer plazo de un mes al considerar que era suficiente para exclusión aérea, pero la comunidad internacional ha elevado ese plazo a dos meses para igualarse a lo que la alianza estima como suficientes.
Por otro lado, el resto de partidos de la oposición acusaron una falta de información por parte del Estado, donde el PP pidió una comparecencia conjunta de las ministras de Exteriores y Defensa, y también avisaron de que la situación se podría estancar, ya que la primera misión estaba circunscrita a un mes pero se decidió alargar el plazo de estancia ya que la situación no evolucionaba favorablemente, a lo que CiU ha respondido alertando sobre un posible «enquistamiento».
La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, reclamó a Chacón más información sobre la misión, «expresó su preocupación» entre los aliados de la ONU y dejó claro su desconocimiento sobre quién lidera la misión.
Las críticas continuaron por parte del PNV, donde José Ramón Beloki, lo calificó como «ingrediente de comodidad», y desde UPyD, Rosa Díez tachó de «decepcionante» la actuación de la ministra de Defensa.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, negó su respaldo a la intervención en Libia considerando que será una «autorización preventiva» y una «patente de corso» para seguir bombardeando. Reprochó a Chacón el no pensar en los efectos colaterales que tendrá la intervención, y que supondría una crisis política muy grave en el país, que forzaría la división interna en dos partes con un protectorado de las potencias europeas.
Paralelamente a este asunto el Gobierno, a través del secretario de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, ha convocado al embajador libio para reforzar las gestiones y acelerar la puesta en libertad del fotógrafo español Manu Brabo, retenido en Trípoli desde hace dos semanas, y que ha contado con el apoyo parlamentario.
