La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desconoce que su solución para aliviar la deuda del Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón y que contempla la venta de edificios públicos es ilegal. Fuentes consultadas por EL BOLETIN en el Gobierno regional han mostrado su sorpresa al conocer que el Artículo 5 de la Ley de Haciendas Locales prohíbe destinar ingresos procedentes de la enajenación de bienes patrimoniales a la financiación de gasto corriente, tal y como Aguirre le ha pedido a Gallardón en varias ocasiones a través de lo que ha denominado ‘plan de desamortización’.
El artículo de la ley, aprobada en 2004, establece que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes”.
Esto significa que si el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, decidiera sacar a subasta pública algunos edificios que el Consistorio tiene en propiedad, el dinero no lo podría dedicar, por ejemplo, al pago de proveedores que es la deuda más acuciante para su Gobierno en este momento.
