El PP ha condicionado su apoyo al proceso de renovación del Tribunal Constitucional a una sentencia previa del Estatut. Soraya Sáenz de Santamaría calificó de “inadmisible” que el PSOE intente retrasar aún más el dictamen del texto catalán, tras cuatro años de espera, con un cambio en el TC.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso se pronunció así al ser preguntada por la oferta que el PSOE formuló ayer en el Senado para iniciar el proceso de renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato caducó en 2007. Los socialistas, hasta ahora rechazaban a los dos candidatos propuestos por los populares por su perfil uiltraconservador y haber hecho polémicas declaraciones sobre leyes del Gobierno. “El PSOE está buscando la opción que más retrase la sentencia”, aseguró en rueda de prensa Sáenz de Santamaría para quien el cambio de opinión del PSOE “más que una trampa es una verdadera declaración de intenciones”.
A pesar de la condición impuesta por el PP, la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Carmela Silva ha adelantado que su partido ha solicitado a la Junta de Portavoces de la Cámara Alta la convocatoria de la Comisión de Nombramientos para iniciar el proceso.
Según Silva, todos los grupos han estado de acuerdo en hacerlo, aunque el PP ha pedido que antes se solicite un informe a los servicios jurídicos del Senado para saber si los parlamentos autonómicos mantienen la misma opinión sobre los magistrados propuestos hace dos años. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, advirtió del “coste institucional” al que se está sometiendo al tribunal y recordó, en declaraciones a Antena 3, que “en multitud de ocasiones” su partido ha intentado renovar el Constitucional.
Mientras en Madrid se debate la renovación, en el Parlament catalán se ha acordado presentar un incident procesal para pedir al Tribunal Constitucional que se declare incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut o bien que suspenda el proceso hasta que se renueven los magistrados cuyo mandato ha caducado. El informe podría llegar al Alto Tribunal a lo largo de esta semana.
