El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados e IU-ICV han acordado esta mañana modificar la Ley de Memoria Histórica para, entre otros puntos, reforzar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y garantizar la responsabilidad de los poderes públicos en las exhumaciones de fosas.
En torno a la búsqueda de, según el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, “los miles y miles de cuerpo que hay en las cunetas”, este pacto garantiza que la Administración pública será la responsable de la “localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como de la divulgación de los resultados”.
Además de estos dos asunto, en el acuerdo entre socialistas y los grupos de izquierda se incluye una declaración expresa en la que se asegura que el “ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio”.
Afirmación que supone un importante apoyo a la decisión de Baltasar Garzón de analizar los crímenes del franquismo ya que no se nombra a la Ley de Amnistía de 1977 como motivo por el que investigar.
