El magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, sentará en el banquillo a Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al abrir una causa sobre los crímenes del franquismo sin ser competente. Varela, en su auto, propone la calificación más alta para este delito, al citar el artículo 446.3 del Código Penal que contempla penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años.
El juez del Supremo ha decidido transformar las diligencias abiertas contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo en un procedimiento abreviado, lo que supone el primer paso para abrir un juicio oral en su contra al estimar que hay indicios de delito. En la resolución, el juez del Supremo señala que Garzón adoptó decisiones calificadas como “opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación”.
Junto a esta decisión, Varela ha rechazado las pruebas solicitadas por la defensa del magistrado, entre ellas la declaración de juristas internacionales y magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional, que avalan su actuación. El abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, recurrirá la decisión ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que ya rechazó el pasado 25 de marzo un recurso de Garzón contra un auto de Varela en el que exponía sus motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricación.
Este recurso no paralizaría el proceso abierto por Varela, que ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía, que hasta ahora se ha mostrado en contra de la causa, y a las acusaciones particulares -Manos Limpias, Falange Española y de las JONS y Libertad e identidad- para que presenten un escrito de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral.
El proceso es consecuencia de una querella interpuesta por Manos Limpias y que fue admitida a trámite por el Supremo en mayo de 2009. Posteriormente se adhirieron a la acusación la asociación Libertad e Identidad y Falange. El pasado mes de septiembre, Garzón tuvo que declarar ante el juez como imputado dentro de esta causa.
Pero este no es el único procedimiento abierto contra el juez de la Audiencia Nacional, que ha sido citado el próximo 15 de abril por el juez del Supremo, Manuel Marchena, para declarar como imputado por haber recibido presuntamente dinero del Banco Santander durante su participación en unos cursos en Nueva York, tras haber admitido a trámite una querella presentada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea.
Por otro lado, queda pendiente una tercera querella admitida a trámite también por el Supremo por ordenar escuchas entre imputados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados en prisión. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia su suspensión cautelar, algo que podría acordarse en pleno si finalmente se abre juicio oral en su contra.
Preguntado sobre la decisión del juez Varela, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha insistido en que siempre respeta las decisiones judiciales, así como la presunción de inocencia de todas las personas encausadas, también cuando éstas son jueces. Respecto a la posibilidad de que el proceso conlleve la suspensión cautelar del juez, Caamaño recordó que esta decisión le corresponde sólo al Poder Judicial.
