En una junta de accionistas cargada de tensión y llena de sorpresas desde primera hora, Iberdrola ha vuelto a frenar la ofensiva de Florentino Pérez. La dimisión del vicepresidente y consejero de la eléctrica, Juan Luis Arregi, ha sido la jugada maestra. No sólo corta de raíz las especulaciones sobre un posible conflicto de interés, sino que además ha permitido a la compañía vasca reducir el número de consejeros de 15 a 14, hecho que amplía el porcentaje de capital necesario para acceder al órgano rector y que deja fuera, por lo tanto, a ACS.
La primera sorpresa se produjo media hora antes de que comenzara la junta de accionistas en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Iberdrola anunció en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la dimisión de Juan Luis Arregui de su cargo como consejero de la eléctrica vasca para “cortar de raíz las especulaciones de conflicto de interés”, dado que es también presidente de Ence. Con esta dimisión cobra más coherencia el argumento de la dirección de Iberdrola para evitar dar entrada a ACS en el consejo de la eléctrica. La compañía que preside Ignacio Galán, basándose en el artículo 123.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, considera que la constructora no tiene derecho a tener un asiento en el órgano rector de la compañía porque es competidor directo en energía e ingeniera, ya que cuenta con numerosas líneas de negocio que se solapan.
El sustituto de Arregi, que también es el primer accionista personal de Iberdrola, lo ocupó el representante de ACS, José María Loizaga, aunque tal y como está previsto, sólo duró en el cargo 10 minutos. La secuencia fue la siguiente: La compañía que preside Florentino Pérez hizo valer su condición como primer accionista y propuso a Loizaga como consejero y la junta lo aceptó. Minutos más tarde la misma junta aprobó su cese. La petición de revocación corrió a cargo del abogado Ramón Hermosilla, que salió de entre el público y tomó la palabra como accionista. Un movimiento que recuerda al que protagonizaron en 2004 FCC y Acciona, cuando otro famoso jurista apareció en la junta de la primera compañía, pidió que la constructora de los Entrecanales no entrara en el consejo y desencadenó el cese de los miembros que fueron previamente elegidos.
Tras el cese del representante de ACS, y a propuesta del consejo de administración, la junta también aprobó reducir de 15 a 14 los miembros del órgano de gobierno de Iberdrola. Este fue el segundo golpe de efecto. Hasta hoy, Residencial Montecarmelo (sociedad controlada en un 100% por ACS), tenía derecho a solicitar un asiento en el consejo al contar con un 6,67% del capital de Iberdrola (participación pignorada por BBVA y por el resto de entidades que forman el sindicato de bancos que le otorgó el préstamo). Pero con 14 consejeros, la participación mínima necesaria ya asciende al 7,1%. En 2008, ACS ya sufrió un golpe similar, cuando Iberdrola redujo de 19 a 15 los puestos en el consejo.
La junta estuvo cargada de tensión, algo que se plasmó sobre todo durante la intervención de José Luis del Valle, secretario del consejo de ACS. El representante de la constructora en la asamblea, que pidió a los accionistas que rechazarán “la pretensión injustificada” de cesar a José María Loizaga, enumeró una serie de argumentos legales para desmontar la base del bloqueo de Iberdrola. Criticó los últimos comunicados de Iberdrola, por no saber si eran de la dirección, o del consejo. También los informes sobre supuesta incompatibilidad de ACS y describió otras posibles situaciones de conflicto de intereses con otros consejeros (como Braulio Medel, de Unicaja, o José Luis Olivas, de Bancaja). De poco le sirvieron estos argumentos. De hecho, al término de su intervención, Del Valle fue abucheado por varios de los presentes..
En este conflictivo escenario, ACS preparará los trámites jurídicos para llevar a la eléctrica a los tribunales. Del Valle explicó que la constructora impugnará como mínimo, la parte del orden del día mediante la que se bloqueó el acceso de ACS al consejo de Iberdrola. Cualquier pleito deberá tramitarse inicialmente en los tribunales de Bilbao, donde Iberdrola tiene su sede. En el Juzgado número 2 de la capital vizcaína tuvo lugar hace dos años el juicio contra el grupo energético francés EDF. Los jueces fallaron a favor de Iberdrola.
La junta de accionistas se celebró con un quórum del 79,56%. Sólo el 22,54% acudió físicamente a la asamblea (el año pasado fue del 24,2%), el restante 57,06% estuvo representado.
La tensión de la junta contrastó con la calma de ACS e Iberdrola en la Bolsa. Los títulos de la primera bajaban medio punto porcentual, al igual que la eléctrica y que el Ibex 35.
En su comparecencia ante la junta de accionistas, Galán reiteró su deseo de continuar con el desarrollo de “un proyecto industrial de largo plazo y no especulativo, sostenible y duradero”, que ha permitido “resistir, con gran fortaleza, los embates de la crisis económica internacional”. A su juicio, esta línea ha permitido que Iberdrola se haya hecho “más grande, más fuerte, más sólida, más diversificada y más internacional”. También lanzó un mensaje al Gobierno: “pautas claras” para que el sector privado “recobre la confianza”. Además, el presidente de Iberdrola pidió una “mejora de la flexibilidad laboral”.
Tras 15 años en el consejo de administración de Iberdrola, su hasta ahora vicepresidente José Luis Arregi, presentó poco antes de la celebración de la junta de accionistas su dimisión. Galán le agradeció que con su dimisión haya primado el “interés social” frente a su “interés personal”.
