El presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, ha amenazado con recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si no alcanza un acuerdo con el Gobierno central tras el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de cajas de la región.
Feijóo no irá inerme a la reunión que el próximo día 16 tiene concertada con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, (órgano que ha pedido el recurso contra esta ley). Según ha advertido hoy mismo, el recurso gallego contra el FROB está “preparado” y cumplirá con el mandato parlamentario de “presentarlo” si en la reunión se certifica la “deslealtad” del Gobierno central con Galicia. La Xunta considera que el FROB vulnera competencias autonómicas, al otorgar la potestad en las fusiones al Banco de España.
El Gobierno formalizó ayer ante el Tribunal Constitucional su recurso contra varios preceptos de la Ley de cajas de Galicia, ya que entiende que algunos de los artículos de la norma gallega, cuya reforma fue aprobada el pasado mes de diciembre en el Parlamento de Galicia con los votos a favor de PPdeG y BNG, se extralimitan respecto a la competencia de esta comunidad en materia de solvencia y naturaleza de las cajas como entidades de crédito y de órganos de representación. El dictamen del Consejo de Estado respalda las tesis del Gobierno.
El recurso que el Gobierno ha presentado contra la Ley de cajas paraliza ‘sine die’ la renovación de los órganos de Caixa Galicia y Caixanova e impide el acceso de ambas entidades a las ayudas públicas, que finalizan el 30 de junio. La auditoría realizada por KPMG a instancias del Ejecutivo regional señalaba que la fusión de ambas requeriría 1.190 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para “recapitalizar” la entidad saliente. Sin embargo, el plazo dado por Bruselas para acceder a este fondo de ayuda termina el 30 de junio, y es poco probable que para entonces ambas entidades estén preparadas para acometer la operación.
Para ello, es indispensable la renovación de sus órganos de Gobierno hacia unas asambleas más afines a los intereses de Feijóo. Según la nueva Ley de cajas gallegas, entre un 20% y un 25% de los consejeros deben ser elegidos por el Parlamento gallego, en el que el PPdeG tiene mayoría. En un primer momento, estaba previsto que en marzo se acometiese esta renovación, pero el recurso hace imposible el cumplimiento de los plazos.
Otra de las confrontaciones entre los ejecutivos central y regional se encuentra en la apresurada renovación de los órganos de gobierno de las cajas. Las entidades deben renovar un 75% de los consejeros, mientras que la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) establece en su artículo 9.2 que dicha renovación «será acometida por mitades» para garantizar la estabilidad de cada caja.
