ETA y los incendios forestales que un verano más arrasan nue

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ETA y los incendios forestales que un verano más arrasan nue

ETA y los incendios forestales que un verano más arrasan nuestro país son las informaciones más destacadas de este primer lunes de agosto.

El País y El Mundo dedican su apertura a la banda terrorista, aunque con objetivos totalmente opuestos. El diario de Prisa destaca la contundencia del Gobierno al rechazar una negociación con la organización armada y publica las advertencias que el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigió ayer “tanto a los terroristas como al mundo que les rodea, por si acaso aún creen que con sus atentados van a forzar un nuevo proceso de diálogo con el Estado”. Y es que el ministro aclaró a la banda que el final de ETA “nunca va a ser dialogado y a Batasuna “que jamás será legal mientras ETA exista”.

El rotativo que dirige Pedrojota Ramírez hace lo contrario y siembra la sospecha sobre las intenciones del Ejecutivo al desvelar en su primer titular que “un negociador con ETA reabre el contacto con los mediadores». Y explica que “uno de los representantes del Gobierno durante la tregua ha reanudado la interlocución con miembros de la Fundación Henri Dunant que participaron entonces”. En su editorial, Pedrojota deja claro por qué da tanta importancia a esta circunstancia, a pesar de dejar claro que este negociador “les ha transmitido que el Gobierno descarta retomar la negociación” y es que el director de El Mundo considera que “el mero hecho de que se mantengan los canales de comunicación abiertos es interpretado como un signo de que el Gobierno podría reconsiderar su posición dentro de unos meses, tal vez el año que viene, en otras circunstancias más favorables” y “ha relanzado las expectativas en el entorno de ETA” y le pide que no caiga en “esa trampa”.

Y la noticia económica de la jornada, pero que seguro dará mucho que hablar, la publica El País y se refiere a Caja Madrid, de la que dice estudia su integración con la CAM y Caixa Galicia, y destaca que las tres autonomías afectadas por la operación las gobierna el PP, que habría dado el visto bueno a la misma.

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