Los medios de Panamá acusan a Sacyr y sus compañeros de obra de haber frenado ya casi por completo las obras del Canal. Ayer terminó el ultimátum de las constructoras para alcanzar un acuerdo. Las obras del Canal de Panamá no han parado por completo. Pero casi. Eso es lo que denuncian varios medios del país centroamericano, que acusan al consorcio liderado por Sacyr de haber reducido al mínimo su actividad en la zona de trabajos sin haberlo notificado a las autoridades como medida de presión ante la falta de acuerdo.
Las imágenes de maquinaria paralizada, zonas de obra sin trabajadores e instalaciones vacías han copado este martes buena parte de los noticiarios del país. La grabación, difundida por la cadena panameña TVN muestran autobuses para el desplazamiento de operarios que apenas transportan pasajeros y una falta de actividad casi total con la única excepción de algunas palas mecánicas.
La situación recogida en la grabación se correspondería con la amenaza que Sacyr y sus compañeros de inversión lanzaron al Gobierno de Panamá de paralizar las obras si antes del 20 de enero no alcanzaban un acuerdo de financiación. Aunque las dos partes han dado muestras de acercamiento en los últimos días, la falta de una posición común que facilite la inyección de nuevos capitales en el proyecto habría llevado a la constructora a reducir a la mínima expresión los trabajos en la ampliación de la infraestructura transatlántica.
Mientras que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sigue tanteando a la aseguradora Zurich para buscar una vía de salida al enquistado conflicto que mantiene desde hace meses con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), los miembros de este último han propuesto hacerse cargo a partes iguales con la administración local de los sobrecostes de la obra, que ascienden a unos 1.200 millones de euros.
Mientras que Sacyr y su socia italiana Impreglio, los dos nombres más insignes del consorcio constructor, luchan por mantener las obras en cartera y llevarlas a término para 2015 tal y como habían prometido en su última revisión de calendario, la prensa panameña especula con que el cobro de la fianza de 600 millones de dólares por parte de la aseguradora suiza podría poner en sus manos la elección de la empresa que finalizara los trabajos de un consorcio que también ha tenido malentendidos en su seno.
Si la paralización de las obras fuese cierta, la ACP podría denunciar al consorcio por incumplimiento de contrato y activar la toma de cartas por parte de Zurich. Sin embargo, Sacyr y sus socios únicamente han reconocido últimamente que se han visto obligados a ajustar su actividad en Panamá a la falta de liquidez que sufre el proyecto. Es así que Abelardo Herrera, dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), anunció este martes en televisión que desde noviembre unos 2.600 operarios han sido cesados por los contratistas europeos.
No obstante, el líder sindical aseguró que en el enfrentamiento abierto por unos sobrecostes sobrevenidos en el proyecto que no se contemplan en el contrato, “quien queda pagando los platos rotos son los trabajadores”. Del grupo que lidera Sacyr pide que se “garanticen” los puestos de trabajo y a las autoridades locales les exige que sean garantes de ello sea cual sea el desenlace final de la operación.
